Efectivos policiales, agentes municipales y los conductores de vehículos oficiales de las distintas reparticiones provinciales y municipales forman parte de un colectivo de servidores públicos que diariamente y en cantidades alarmantes son denunciados por cometer distintos tipos de transgresiones, negligencias y desidia en el cumplimiento de sus funciones laborales y sus prestaciones profesionales.
Lectores, internautas y colaboradores ciudadanos de nuestro diario y -muchos- protagonistas en la construcción de la opinión pública, ya utilizando directamente los canales comunicacionales abiertos e interactivos que LA GACETA ha puesto a su disposición, o bien a través de las distintas modalidades que las tecnologías de la información ofrece a todos sus usuarios señalan y muestran un relajamiento alarmante y la indiferencia en cumplir las responsabilidades y obligaciones que les impone el cargo de funcionarios públicos.
Guardias de policías que se desplazan en motocicletas sin patentes y sin utilizar el casco, o efectivos de seguridad que se muestran reunidos en lugares públicos con una displicencia impropia para la competencia y atención de su trabajo; agentes del control de tránsito municipal o comunal que estacionan el vehículo que los transporta en lugares prohibidos -justamente produciendo infracciones en la vía pública que ellos mismos deberían corregir- o directamente ausentes de las esquinas o de lugares críticos para el ordenamiento del flujo vehicular, son los principales reclamos, quejas y advertencias que más duelen y mortifican a vecinos y ciudadanos en general. Es claro que los servidores públicos disponen de un principio de autoridad legitimado porque existen normas, disposiciones reglamentarias y laborales que los autorizan y les otorgan esa responsabilidad; justamente esa atribución o prerrogativa los obliga -y les impone- cumplir ese compromiso profesional con respeto, actitud, dedicación, escrúpulos y valores de ciudadanía.
Es probable que una cierta práctica laboral de la administración pública haya tomado esas funciones como una de las tareas más que existen en el escalafón estatal; de hecho no se conoce que haya un proceso educativo de formación o cursos de perfeccionamiento tendientes a potenciar y renovar esos esquemas organizacionales, salvo momentos aislados y puntuales. Tampoco las administraciones provinciales y municipales han desarrollado un proceso selectivo de elección de personal con vista a cubrir los cargos en base a las capacidades y conocimientos y profesionalidad de los postulantes para esas funciones.
Ciertamente, no existe un funcionariato profesional o la carrera administrativa de funcionario. Aunque resulte justo reconocer que hay preocupación y empeño de las autoridades en jerarquizar y elevar las condiciones de ingreso a los cuadros de la Policía a través de una escolarización más exigente, es evidente que la realidad social y comunitaria en la que deben desempeñarse -más democrática, más reclamante de calidad y valores éticos, más compleja, inquietante y aturdidora- impone desafíos y comportamientos no sólo de más profesionalidad, si no también de mayor integridad y rectitud. Con su particularidades y competencias, es tiempo también de que las municipalidades y comunas impulsen cambios y correcciones en la organización, la prestación e incumbencia, compromisos, juicio y deberes de sus agentes.